‘’[...] esos que irán dentro de las paredes de la prisión y allí ver en lo que se han convertido los seres humanos cuando se les priva de su libertad, cuando son sujetos al cuidado de guardianes brutales, con groserías, palabras crueles, enfrentándose a mil humillaciones punzantes y agudas, concordarán con nosotros que el aparato entero de la prisión y su castigo es una abominación que debe terminar.’’ -Piotr Kropotkin
El pasado cuatro de agosto los noticieros colombianos dejaron de reportar capacidades hospitalarias que van llegando al tope, protocolos de bioseguridad e historias de superación del COVID-19, había una noticia distinta, amplia y destacada después de casi cinco meses en aislamiento preventivo: la Corte Suprema de Justicia ordenó la detención domiciliaria del expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez, sindicado de haber cometido presunto fraude procesal y soborno de testigos. El proceso en el cual Uribe está involucrado es complejo y no es sano pretender resumirlo en un párrafo, por lo que al final de este texto dejo el link del artículo El proceso contra Uribe, de pe a pa publicado por La Silla Vacía que lo condensa y explica muy bien.
Luego de saber la noticia, la opinión pública se dividió en personas a las que les alegraba la noticia y a las que no tanto, las primeras generalmente asociadas a víctimas del conflicto, militantes y /o simpatizantes de izquierda, líderes y lideresas sociales y, en general, opositorxs de la ideología del partido de gobierno y del periodo presidencial del sindicado. Hago énfasis en la palabra sindicado porque lo de Uribe no es una condena, es tan solo un a sospecha y, para La Corte, esa sospecha es lo suficientemente preocupante como para usar el recurso de prisión preventiva para evitar que el senador altere el proceso.
Dado ese contexto, sectores de izquierda y anti-carcelarios en general salieron a criticar a quienes nos alegró la noticia, porque creen que estar en contra de las cárceles y el castigo como medio para convivir en sociedad y apoyar la medida de La Corte es una contradicción. Nada más superficial, incorrecto y, en mi opinión, apático.
En Colombia para 2019 había 184.376 personas reclusas a cargo del INPEC. De esa cifra, el 64,4% representa personas recluidas tras las rejas, el otro 35,6% está pagando su condena desde su casa o está siendo vigilado de forma electrónica. En general, los argumentos en contra de la institución carcelaria hablan de la falta de humanidad y la carencia de sentido que implica encerrar a seres humanos en altos muros de concreto con cima de púas para aislarlos de la sociedad a la que han ofendido, con la excusa de buscar rehabilitarlos, como si ostentaran enfermedades mentales que les fuerzan a tomar la propiedad de alguien más, están centrados en esas más de 100.000 personas que hoy viven su día a día en cárceles y prisiones del país. Uribe no hace parte de esa población en las cárceles.
Es bien sabido que en Colombia las cárceles son un nicho de violación de derechos humanos y necesidades básicas. Más de 90.000 personas reclusas viven en condiciones de hacinamiento grave y día a día se enfrentan a problemas de salud y alimentación. La situación de las mujeres en las cárceles que hacen parte de esta población es mucho más compleja que la de los hombres por situaciones como la menstruación y el embarazo, problema que es muy amplio y que para entender recomiendo el informe Mujeres Política de Drogas y Encarcelamiento de la ONG DeJusticia, cuyo link dejo al final de este escrito. Uribe no entra ni entrará en ese grupo de personas.
Del total de personas reclusas a cargo del INPEC que mencioné más arriba, hay 1.233 internxs que fueron funcionarixs del Estado. Eso quiere decir que tan solo el 1,1% de la población reclusa entre muros ha servido al Estado, de lo que se puede suponer que tienen una capacidad adquisitiva fija y estable, este es el sector carcelario al que Uribe hoy pertenece.
La otra gran mayoría de personas privadas de su libertad son personas de estrato social y muy bajo, que carecen de contactos con poder, poder adquisitivo suficiente y posición social alta. De la población carcelaria, más de dos tercios están allí por delitos como hurto, homicidio, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes , concierto para delinquir y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego (124.609 personas, casi el 67% del total). Presidentes, congresistas y personas con poder suelen estar asociados a estos crímenes pero no los cometen. Los delitos que esa población suele cometer son castigados levemente por el o no no tiene cárcel.
Ejemplo de lo anterior es el peculado por apropiación, cuya máxima condena puede llegar a los 30 años pero que como usualmente es cometido por personas con alto capital social y económico, logran pre-acuerdos que rebajan sus penas, oportunidad que usualmente una persona pobre o que ha cometido otro delito no recibe. También podemos citar la publicidad engañosa que ni siquiera la vigilan los jueces sino la superintendencia de industria y comercio. Este delito se le atribuye a empresas, no a sus dueñxs.
Entonces, el sistema penitenciario es abiertamente inhumano y tiene un sesgo de clase y por eso hay que abolirlo. Sin embargo, el punto de todo esto no implica que no nos debe alegrar que Uribe entre en él.
La detención domiciliaria de Uribe es un evento histórico porque es simbólico. Ningún otro ex-presidente del país había sido tocado con una medida similar porque son juzgados siempre por la comisión de acusaciones de la cámara de representantes, que muy acertadamente han apodado comisión de absoluciones, porque eso es lo único que suele hacer. Uribe no va a tener que sufrir los estragos del sistema penitenciario que como abolicionistas o reformistas hemos denunciado y abanderado como justificación como el hacinamiento, la alimentación precaria, el acceso nulo o bajo a servicios de salud y la represión en sí misma que las cárceles representan.
Uribe está detenido en una finca de 1500 hectáreas, que equivalen a más de doce veces el área en superficie del campus universitario de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá o más de 13 veces el área en superficie del parque Simón Bolívar. Lo están privando de su libertad por presunto fraude procesal y soborno de testigos, eso es todo.
Como oposición a él sabemos que esos dos delitos son dos pequeñas estrellas en un universo que contiene violaciones a la constitución, persecución a las instituciones que vigilan que cumpla la ley como las cortes, el tan mencionado populismo punitivo, estigmatización de la juventud, políticas represivas en lo policial y lo militar, entrega del país a multinacionales, Tratados de Libre Comercio y un gran etc.
Es simbólico que haya un daño diminuto a Uribe y su entorno en medio de tanto horror que como figura y como ideología representa. Lo que se celebra no es su inclusión y sometimiento al sistema penitenciario, es más bien lo que significa este golpe en términos políticos. Celebrar ese golpe no implica celebrar o hacerle propaganda a las cárceles que, en todo caso, sabemos todxs que Uribe jamás pisará.
Así que qué chimba buscar la abolición de las cárceles y el sistema penitenciario, pero que chimba también que las víctimas directas e indirectas de Uribe, su ideología, su gobernación, su presidencia y las ideas que escuda el Centro Democrático hoy sientan que, por fin, quien(es) les ha(n) hecho sufrir por tantos años han sido afectados con esto, que no es más que un sufrimiento diminuto comparado al que ellxs han tenido que padecer.
Fuentes y Anexos
El proceso contra Uribe, de pe a pa:
https://lasillavacia.com/proceso-uribe-esta-domiciliaria-pe-pa-73791
Mujeres, Política de Drogas y Encarcelamiento: https://www.dejusticia.org/wp-content/uploads/2017/04/fi_name_recurso_834.pdf
Informe Estadístico del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), año 2019: https://www.inpec.gov.co/web/guest/estadisticas/informes-y-boletines/-/document_library/6SjHVBGriPOM/view_file/767959?_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_6SjHVBGriPOM_redirect=https%3A%2F%2Fwww.inpec.gov.co%2Fweb%2Fguest%2Festadisticas%2Finformes-y-boletines%2F-%2Fdocument_library%2F6SjHVBGriPOM%2Fview%2F767956%3F_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_6SjHVBGriPOM_displayStyle%3Ddescriptive%26_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_6SjHVBGriPOM_navigation%3Dhome
91.148 reclusos viven en condiciones de hacinamiento grave. Son más del 75 por ciento de los presos del país y enfrentan problemas de salud y alimentación: https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/hacinamiento-en-carceles-de-colombia-36141

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