Hace pocos días se
conoció la noticia de que el fiscal general Francisco Barbosa (íntimo amigo de
Duque) designó como Fiscal encargado a Gabriel Jaimes Durán en el proceso que
se adelanta frente a la ministra Abudinen. Este último fue conocido por
solicitar el cierre del proceso que se adelanta frente al expresidente Álvaro
Uribe, actuando como su defensa y con un claro interés político. La presente
columna tiene por objeto demostrar la cercanía de este Fiscal con los sectores
políticos más afines al uribismo y a la derecha colombiana.
Jaimes es egresado
de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga y tiene una especialización en
Derecho Penal en la Universidad Sergio Arboleda, institución en la que
actualmente cursa su maestría en Derecho Procesal Penal. De la primera
institución guarda un estrecho vínculo con el exprocurador Alejandro Ordoñez,
quien ostentaba una gran influencia entre las directivas y profesores de este
centro educativo. Gabriel Jaimes acompañó a Ordoñez en su fallida aspiración al
Concejo de Bucaramanga y luego sería designado por este último como delegado
para asuntos penales en la polémica procuraduría, marcada por el sesgo
ideológico y religioso del ahora embajador de la OEA. Tras este trasegar fue
elegido por Francisco Barbosa como Fiscal coordinador de la Fiscalía delegada
ante la Corte Suprema de Justicia, puesto desde el cual ha demostrado continuamente
su parcialidad.
En el caso por manipulación de testigos y fraude procesal adelantado contra Uribe, este Fiscal se ha mostrado como parte integral de la defensa, desconociendo el acervo probatorio existente en las más de 1500 páginas en los que la Corte lo privó de la libertad. En el escrito publicado por la Fiscalía sostuvo que, luego de la valoración integral de los elementos probatorios, la evidencia y la información recolectada en el curso del proceso, se concluía que las conductas por las cuales se vinculan jurídicamente a Uribe “no tienen la característica de delito” y que otras si lo son, no se le pueden atribuir como autor o partícipe. El sesgo fue evidente, razón por la cual Iván Cepeda, víctima del proceso, lo denunció por prevaricato, al apartarse de su deber legal y constitucional y al fungir de facto como defensor de Uribe al lado de Jaime Granados.
A pesar del claro
sesgo que ostenta el Fiscal encargado, el pasado 15 de septiembre fue de nuevo
designado por Francisco Barbosa, esta vez para conocer del caso adelantado en
contra de la exministra Karen Abudinen, quien terminó saliendo del cargo por el
escándalo de la adjudicación de un millonario convenio a Centros Poblados. La
apertura del proceso no se hizo de forma oficiosa, sino mediante documento
presentado por el presidente de la Veeduría de la Rama Judicial en Cartagena,
Erick Urueta, quien ha señalado su preocupación por la posible parcialidad del
Fiscal encargado.
Son evidentes los
conflictos de interés existentes en los distintos procesos y, a su vez, la
forma en la que la Fiscalía de Barbosa se ha convertido en una descarada
manifestación de la impunidad en el país, al ser indiferente ante los delitos
cometidos por personas afines al sector político que está en el poder. Se hace
necesario un rediseño institucional, en el que el Fiscal que se designe en cada
periodo no se convierta en un Fiscal de bolsillo del gobierno de turno.
Por: Cristian Dulcey.
Fuente de la imagen: LaRazón.co
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